Algo huele mal –por no decir que apesta– en la Fiscalía de Barranquilla. Dos casos muy recientes indican que allí las cosas no están bien, y las preguntas son ¿por qué? y ¿por qué sus últimas decisiones han afectado en materia grave a personas de reconocida trayectoria en favor de la comunidad?

Los casos que pusieron el dedo en la llaga fueron los del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, y el folclorista José Yamil Cure. Correa de Andreis, un ciudadano libre de toda sospecha, acabó en la cárcel por la denuncia de un guerrillero reinsertado que lo acusó de pertenecer a las Farc, y hace un mes, ya en libertad, fue asesinado por paramilitares. Cure Molinares, detenido el 2 de octubre porque tres reinsertados lo señalaron de colaborar con las Farc, fue dejado en libertad el jueves pasado por la misma fiscalía que, tras valorar las pruebas, no encontró fundamento para mantenerlo tras las rejas.

El derecho a la defensa, la aplicación del principio de legalidad y la presunción de inocencia que deberían ser la marca de fábrica de las operaciones que, en desarrollo de la política de seguridad, adelantan la Policía, el Ejército el DAS y la Fiscalía, son principios con frecuencia ignorados en aras de una falsa eficiencia y de la presión para dar resultados. Sin embargo, me huele que en los casos citados –y quién sabe en cuántos más–, hay más mar de fondo. Resulta sospechoso que las víctimas pertenezcan a círculos académicos y culturales, y sean reconocidas por defender las libertades públicas y los derechos civiles.

Es cierto que quienes administran justicia no son infalibles. Lo grave es que sus errores pueden significar, como en el caso del profesor Correa, una tumba prematura. Entonces, ¿cuál seguridad?, ¿seguridad para quiénes? Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003 fueron privadas de la libertad 6.038 personas, la mayoría de las cuales recobró luego la libertad. El obispo de Líbano, Tolima, monseñor José Luis Serna Alzate, fue una de estas víctimas: fue acusado hace unos meses de auxiliar a la guerrilla por personas que luego se retractaron y confesaron haber recibido presiones para declarar en su contra.

Sospechoso que las víctimas pertenezcan a círculos académicos y culturales.

En aras de la presunción de buena fe, aceptemos que los procedimientos se adelantaron como ordena la ley. Sin embargo, falló algo clave, la inteligencia, que debió ser capaz de convertir en información comprobada los indicios que aportaron los testigos –sin pruebas suficientes para sustentar órdenes de captura o abrir procesos judiciales–, antes de que los fiscales tomaran medidas que luego debieron revertir.

El problema de las capturas basadas en declaraciones de informantes o reinsertados atañe no sólo a la calidad de la información, sino al precario o nulo análisis que las autoridades hacen de ella. La ligereza con que aceptan cualquier declaración lleva a que justos paguen por pecadores. La Fiscalía debe andar con pies de plomo, someter la información que recibe a pruebas ácidas y asumir un papel activo y no marginal frente a los organismos de seguridad y la Fuerza Pública.

Y a propósito, ¿qué ha dicho o hecho la Fiscalía General frente a lo que pasó en Barranquilla? ¿Ha hecho algo para capturar a los asesinos de Correa de Andreis, a quien con tanta diligencia la fiscalía regional detuvo sin justa causa? Alguien debe responder. Pero el silencio reina en la Fiscalía mientras, atemorizada, la comunidad académica de Barranquilla se pregunta: ¿Quién será la próxima víctima?